Hace unos días hemos tenido conocimiento del proyecto de Ley del Sistema Universitario (LOSU) que el gobierno de España tiene previsto enviar para su trámite parlamentario. Propone algunas novedades, ofrece muchas lagunas, y mantiene sobre todo continuidades, incluyendo la no resolución de muchos temas imprescindibles de corregir para la mejora real de la vida de nuestras universidades. Hablaremos de varios de estos asuntos en los próximos meses en diferentes foros, y tendremos que aceptar al fin los avances o errores que el texto final de la ley ofrezca a los ciudadanos, y en particular a los más directamente implicados, los miembros de la comunidad universitaria.
Hoy nos parece oportuno fijarnos en el capítulo VII, el que se refiere a los estudiantes. En realidad utiliza el término genérico “estudiantado”, que con sinceridad nos parece una barbaridad lingüística y política, por disonante y despersonalizador para más de un millón largo de personas que forman parte de la universidad, al menos durante algunos años. Si por casualidad el uso de ese genérico respondiera a razones de lenguaje inclusivo, doble error, a nuestro parecer.
Cuando el texto normativo habla de los derechos de los estudiantes enumera el listado de los mismos hasta la saciedad (21 tipos distintos de derechos). Cuando a continuación se refiere a los deberes, solamente habla de cinco de ellos. Es una desproporción evidente, pero no solo en lo relativo a número, a cantidad, sino al trasfondo que subyace, al menos tal como lo interpretamos nosotros.
Da la impresión de que los jóvenes estudiantes (al igual que los jóvenes de otros sectores sociales en este siglo XXI) vienen al mundo a servirse de sus beneficios, pero apenas a aportar lo necesario para una mejora sustantiva de la realidad. Nunca se habla en serio de exigencia y compromiso transformador de la sociedad, sino de pasar de puntillas por la vida universitaria sin hacer mucho ruido, cumpliendo con los mínimos, siendo partícipes de una cultura de la superficialidad y la urgencia.
Somos conscientes de que el comentario precedente no es aplicable a un sector minoritario de estudiantes universitarios, que vive a fondo la universidad, el estudio y todos los elementos complementarios que ofrece la institución. Pero al igual que el proyecto de ley habla de “estudiantado”, nos permitimos alguna licencia generalizadora, con el riesgo seguro de molestar a más de un lector.
La experiencia de cada día en nuestra universidad nos permite observar la dominancia de una cultura académica del esfuerzo de mínimos entre los estudiantes, de negociación constante de contenidos académicos (cuando no compadreo) con muchos profesores, de un sector de estudiantes que se acogen desde el inicio de su titulación a no estudiar una asignatura, porque se la van a colar por el denominado “tribunal de compensación” (mecanismo que en su momento nació para corregir formas autoritarias de evaluar por parte de algunos docentes). Hay grupos de estudiantes que lo son solo de oídas, a través de sus intermediarios, quienes les facilitan apuntes, y poco más. Sin embargo, muchos de estos jóvenes, que apenas pisan por la facultad, son los primeros en organizar las fiestas patronales anuales, pero también las mensuales y semanales, y hasta diarias.
En contrapartida, encontramos otro sector de estudiantes responsable con su formación y estudio, que participa en el voluntariado universitario, o en otras asociaciones ciudadanas. Este otro grupo de alumnos necesita apoyo, crecimiento, recursos, y para ello debe estar ley, esta misma ley, que desde esta perspectiva nos parece adecuada.
En relación con los estudiantes este proyecto de ley suscita otra reflexión, cuando menos. Nos referimos al tema de la representatividad en el gobierno de los órganos de gobierno de la universidad (lo de la gobernanza, simplemente nos parece una tontería de moda, otro barbarismo más). Nos parece imprescindible la presencia de los estudiantes en los órganos de representación de la universidad, en los departamentos, en la facultades, en los consejos de gobierno. Deben estar para defender los derechos del colectivo de los estudiantes al que representan, y han de aportar siempre la perspectiva de los jóvenes universitarios, que van a enriquecer con sus propuestas la institución a que pertenecen.
En este proyecto de ley se habla incluso de la creación del Consejo de Estudiantes en cada universidad, como novedad destacada. Y nos parece bien, muy adecuada esa propuesta, porque consideramos que puede mejorar la vida interna de cada universidad.
Pero hay que comentar también un tema de cruda realidad en nuestras universidades y facultades, que desvirtúa todo este sistema de representación estudiantil. Nos referimos a la baja, ¡ bajísima!, participación democrática de los estudiantes en los procesos electorales, en todos ellos. Ese sistema, aceptado y permitido (en esta ley no se dice nada en contra), facilita que sean minorías exiguas de estudiantes los que, por razones de tipo político o de medro personal, copen y desvirtúen esa representatividad, y lo hagan de forma viciada y de componenda con ciertos decanos, directores de departamento, directores de instituto de investigación, o grupos de influencia en la vida de la universidad.
No es ningún secreto para el observador que muchos de los líderes de los partidos políticos han crecido en este clima corrupto de representación estudiantil, han aprendido la lección, y han pasado con rapidez a ocuparse de concejalías de ayuntamientos, y poco después de cargos públicos derivados del funcionamiento político democrático. Es una perversión completa del sistema universitario, nos parece. La universidad parece cumplir así el papel de perfecto trampolín de algunos listos hacia la política, concebida casi de forma profesional.
La ley y los estatutos de cada universidad debieran establecer unos mínimos imprescindibles para que las elecciones y las consultas democráticas tuvieran validez por su necesaria representatividad. No hablamos de memoria. Siempre que hay elecciones en la universidad salen elegidos representantes de estudiantes para distintos órganos de gobierno, como departamentos o juntas de facultad, con menos del 5% de participación. Esto es irrisorio, y además muy preocupante desde el punto de vista de la calidad democrática del funcionamiento del sistema.
La participación de los estudiantes en los procesos electorales no solo debiera ser un derecho, que lo es, sino también un deber, cuando no incluso una obligación. Esto sanearía nuestra convivencia universitaria de manera visible, sin duda, y ante todo, insistimos en ello, mejoraría la calidad democrática de nuestras instituciones públicas, incluida la propia universidad.