Cuando escribimos esta columna se están celebrando en España, en cada una de las diferentes 17 Comunidades Autónomas, las pruebas de acceso a la universidad, en las que participan varios miles de jóvenes de 17 a 18 años, que representan una cantidad elevada de la población española, algunos más de trescientos mil estudiantes adolescentes. Son días de tensión para chicos y chicas que desean realizar sus estudios universitarios eligiendo una futura carrera y profesión, que puede depender de la puntuación obtenida en estas pruebas. Lo son también para miles de familias y profesores de educación secundaria que viven con preocupación, a veces con ansiedad, el desarrollo y resultados de estos exámenes, que filtran parcialmente la entrada en la universidad, en una carrera determinada. Finalmente, también representan la posibilidad de contrastar qué centros educativos, incluido el propio sistema escolar, funcionan con mayor o menor acierto y éxito. Este año, además, el factor pandemia covid-19 pone un poco de picante e incertidumbre a todo el proceso, pues sin duda ha afectado al correcto funcionamiento de los centros educativos y del conjunto del sistema, y al fin al rendimiento escolar de los alumnos.
Para ingresar hoy en la universidad española se necesita cumplir algunas condiciones y requisitos. Haber superado los dos cursos de Bachillerato o los de un Ciclo Superior de Formación Profesional son los dos requisitos previos más frecuentes que debe acreditar un estudiante, aproximadamente a los 18 años, para intentarlo. Pero existen otros caminos menos habituales, como son las pruebas de control para los de mayores de 25, 40 o 45 años, que representan un porcentaje mínimo en el conjunto de los estudiantes que desean acceder a una carrera en la universidad.
Ese joven de 18 años debe superar, además, una prueba añadida y complementaria que ahora se denomina EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). La calificación final, como veremos, contempla la evaluación recibida durante los dos años de bachillerato, expresada en términos numéricos, como veremos más tarde, y se computa con la calificación obtenida en estas pruebas que ahora comentamos.
En la historia reciente de nuestra universidad no siempre existió ese tipo de pruebas de filtro o selección de los estudiantes para acceder, como sucedía hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, dada la debilidad formativa del bachillerato de aquellos años, algunos destacados intelectuales, como es el caso de Francisco Giner de los Ríos, recomendaron establecer alguna prueba de madurez cultural, pensando en cómo mejorar el funcionamiento posterior en la universidad de los alumnos que ingresaban en una Facultad. Él no era partidario de los exámenes tradicionales, pero se veía impelido a proponer alguna prueba de competencia o madurez, dadas las circunstancias poco favorables que rodeaban la formación intelectual de los jóvenes cuando llegan a la universidad.
Algo parecido defendía el ministro de Instrucción Pública de la II República, Fernando de los Ríos, también seguidor de Giner y de la Institución Libre de Enseñanza, cuando en la propuesta de nueva ley de universidad de 1933 volvía a constatar el mal funcionamiento del bachillerato, y por ello recomendaba establecer una prueba de competencia a los aspirantes, o bien un curso especial de formación para entrar en la universidad, advirtiendo que si funcionase bien la segunda enseñanza este tipo de pruebas no serían necesarias.
Durante el franquismo el modelo de bachillerato resultaba ser muy elitista y expulsaba a muchos jóvenes de aquellos estudios, porque era un bachillerato muy tradicional, extenso en el tiempo (seis años), exigente, y que finalizaba con un curso aún más selectivo y casi mítico, que era denominado el preuniversitario (el PREU). Con todo, finalmente existía en cada universidad la denominada prueba de madurez, con contenidos generales para todos los aspirantes y otros específicos de especialidad de Ciencias y Letras.
La Ley General de Educación de 1970 proponía un modelo más racional y progresivo, como era la implantación del Curso de Orientación Universitaria (COU), pero que por circunstancias internas del régimen y falta de inversión real de financiación para su aplicación, finalmente se devaluó técnicamente y convirtió en un curso más de segunda enseñanza.
Como consecuencia del gran boom de jóvenes que deseaba iniciar sus estudios universitarios a comienzos de la década de 1970, y para quienes el sistema no ofrecía ni instalaciones, espacios, ni profesores adecuados en cantidad y calidad, en 1974 el entonces Ministro de Educación y Ciencia, Martínez Esteruelas, establece las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAUs). Esta decisión política fue concebida sobre todo para limitar y seleccionar el número de estudiantes que llegaban, dada la limitación de plazas que tenían las universidades, sobre todo en algunas especialidades y carreras (léase en especial medicina). Así se funciona en realidad hasta 2009, cuando se establece la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que es el sistema hoy vigente.
En la actualidad se han venido produciendo algunos cambios notables en ese modelo de acceso a la universidad. Por ejemplo, desde la descentralización del Estado a partir de 1978, y la aprobación de los Estatutos de Autonomía y consiguientes competencias propias en materia de educación, es incuestionable el protagonismo que tiene cada Comunidad Autónoma al establecer los contenidos anuales de su propia EBAU. Lo que significa que no existe una prueba única y homogénea para todos los aspirantes. Ello genera una indudable distorsión en el conjunto del sistema universitario español, y en algunas universidades y especialidades en especial, porque los criterios de exigencia en cada una de ellas, ni en el bachillerato ni en la EBAU, son homogéneos. Ello representa un grave problema para ciertas universidades y carreras muy solicitadas, pero con una oferta limitada de puestos, porque se constata que de forma sistemática ocupan las plazas disponibles los alumnos que proceden de Comunidades Autónomas que obtienen en ellas calificaciones más elevadas que las de la propia comunidad donde está instalada la universidad que se solicita. Desde luego que esto convendría ser mejor regulado y arreglado para garantizar de verdad la igualdad de oportunidades.
Tema distinto es el que se refiere al peso real que tiene ahora la EBAU en la calificación final que obtiene el estudiante para acceder a una carrera y universidad. Nos parece que ahora se produce un equilibro proporcional muy razonable entre su puntación media del bachillerato (o la formación profesional) y la puntuación obtenida en estas pruebas EBAU.
Los recursos no son infinitos, y por ahora la inversión de las administraciones públicas para financiar las universidades no es la adecuada. Más y mejor inversión resuelve en parte este problema para poder ofrecer más plazas, con más y mejores instalaciones y profesores. Pero para nosotros la solución en profundidad procede de la mayor calidad que hay que conseguir obtener para el Bachillerato y los Ciclos Superiores de Formación Profesional.