Manuel Castells es un brillante sociólogo, hijo directo y expresión viva de la generación de mayo francés del 68, de larga andadura en universidades de California, además de otras europeas, respetado y reconocido internacionalmente, autor de libros de ensayo y sociología política que son auténticos best seller, algunos considerados imprescindibles para comprender el mundo en el siglo XXI, como el titulado “La era de la información, 3 vols.” (The age of information, California, 1995). En estos momentos es miembro del consejo de ministros en España en el gobierno de coalición que formaron hace ahora algunos meses PSOE y Podemos. Es ministro de universidades, pero sin competencias en investigación, algo que él mismo no ha dudado en reconocer como deplorable en una entrevista concedida hace ya algunas semanas. Tampoco ha escondido nunca su aprecio por el nacionalismo catalán, como parte de aquella cultura sociopolítica, aunque en los últimos tiempos parece haber rehuido vínculos estrechos con las posiciones independentistas radicales.
Traemos aquí a tan destacado intelectual, pero no para debatir cuestiones sobre la globalización de la sociedad y el impacto de las nuevas tecnologías, asunto en el que es experto destacado, sino en su condición de ministro de universidades. Desde su gabinete viene proponiendo una reforma de la ley de universidades ahora todavía vigente (la LOU) y una modificación estructural de la organización y sistema de acceso de los profesores a la universidad.
En otro momento podemos hablar de los cambios que propone para un nuevo modelo de universidad en España, que en realidad es un pequeño ajuste de ciertas cuestiones de la vigente, por lo que sabemos del anteproyecto. Hoy queremos detenernos en algo tan concreto como la propuesta de una vía paralela en el modelo de acceso a la condición de profesor universitario. Lo hace con su equipo, pero sin partir de las propuestas compartidas con sindicatos docentes ni con asociaciones de profesores. Una especie de salto de trampolín arriesgado, y sin red.
El actual modelo de formación y acceso al profesorado universitario vigente en España, si mantuviese una secuencia bastante generalizada, parte de la condición de becario de investigación, con paso a la figura de profesor ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor titular y catedrático de universidad. Es cierto que con frecuencia no se mantiene esta secuencia y ciclo completo, y a veces aparece la figura de profesor asociado, a menudo pervertida respecto a la idea original que la ley concede a esta figura (profesional de prestigio que colabora parcialmente en tareas formativas e investigadoras en la universidad). Parece obvio que el foco de referencia hacia donde se dirige todo profesor universitario en España es a lograr la condición de funcionario público en la universidad, es decir titular y finalmente catedrático. De esa forma se mantiene el formato de profesorado perteneciente a los cuerpos superiores del sistema educativo y del Estado, siguiendo el viejo modelo establecido hace ya más de un siglo, inspirado en pautas administrativas francesas y en un modelo de profesor universitario claramente funcionarial, con lo que ello tiene de muy positivo y en alguna ocasión discutible.
¿Qué es lo que propone transformar Castells en este asunto? Pues ni más ni menos que aplicar la misma receta que se ha implantado en Cataluña. Fue hace ya algunos años cuando el político nacionalista de Convergencia y Unió, Andreu Mas-Colell, un destacado economista de ideología conservadora y de nacionalismo moderado, en su condición de influyente economista y político dentro del gobierno de la Generalitat de Cataluña, implantó un modelo de acceso y promoción de los profesores universitarios distinto al resto de España. Ya no se permitía ofrecer plazas nuevas de funcionarios para la universidad, vacantes o de nueva creación, sino que todas las plazas adoptan el formato estrictamente laboral, con dependencia exclusiva de la universidad de turno y de la administración catalana. De esa manera en pocos años habrán desaparecido todos los llamados funcionarios públicos del Estado, de España, porque no se permite ningún sistema de reposición del modelo anterior. Y así, ningún funcionario universitario español procedente de otra universidad puede acceder a puestos universitarios en Cataluña. El circuito está interrumpido, y solo se entiende dentro de los estrictos márgenes establecidos en la frontera interior de Cataluña. Así se viene funcionando, hasta que llegue el dia (que será pronto) en que no quede ningún funcionario universitario nuevo, o que sea equiparable al resto de los españoles de su tipo y condición.
Por tanto, según lo vemos nosotros, con el proyecto que está generando por su cuenta el equipo de Castells en el Ministerio de Universidades, estamos asistiendo a la creación de un nuevo formato de profesor universitario, que rompe en España con toda la tradición anterior de más de doscientos años, y que supone mantener una doble vía en la tipología del profesor universitario. Es ni más ni menos que un nuevo paso en el lento desmembramiento del Estado, porque a los nacionalistas les molesta mucho la solidez de una España como Estado sólido, administrativamente fuerte y cohesionado.
Es un escalón más en el resquebrajamiento del Estado, que curiosamente es sincrónico con la nueva ley de educación, LOMLOE , que elimina el castellano como lengua vehicular en Cataluña, y que acaba de pasar recientemente la aprobación del Parlamento de España.
Conviene recordar a nuestros gobernantes que es preciso legislar y gobernar para todos los ciudadanos, también en materia universitaria. Es indudable que en este punto el Ministro de Universidades, señor Castells, se equivoca de plano en esta tan discutible propuesta de nuevo modelo de acceso al profesorado en la Universidad.