A partir de 1983 en España comenzaba a ser aplicada la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que buscaba modernizar y democratizar la universidad después de varias décadas de oscurantismo científico e ideológico, y de sometimiento a una forma de gestión autoritaria, propia de todas las instituciones de la dictadura franquista. Aquella norma legal se refería casi en exclusiva a la universidad pública.
Durante aquella larga dictadura militar del franquismo, además de su componente nacionalcatólico, se había mantenido el modelo napoleónico de universidad heredado del siglo XIX que concedía al Estado central la exclusiva de crear y sostener un número escaso de universidades públicas, que hasta 1969 no superaba el número de 15. Aquella universidad se financiaba con fondos públicos, siendo además por entonces el coste de las matrículas de los estudiantes casi simbólico, a pesar de su carácter elitista, y apenas si existía competencia científica entre aquellos centros universitarios.
Podemos aceptar que hasta 1995 no existía en España la universidad privada, si exceptuamos las cuatro universidades permitidas hasta entonces a la Iglesia Católica, como consecuencia de concordatos con el Vaticano y del protagonismo y confesionalidad del Estado : las de Comillas -1890 y la de Deusto-1886 para la Compañía de Jesús; la Universidad Pontificia de Salamanca, dependiente directamente de Roma (1940); y la de Navarra creada por el Opus Dei (1964). Estas eran, y son, universidades privadas de carácter confesional.
Habíamos tenido la oportunidad de conocer en América, ya en los años 1990, un modelo de organización universitaria muy diferente al que conocíamos en diferentes países europeos, no solamente España. En Europa existía, y persiste, un concepto organizativo del mapa universitario de tradición pública, tan diferente al anglosajón norteamericano, donde coexisten universidades públicas prestigiosas y un elevado número de universidades privadas en las que se encuentra uno de todo. Estamos hablando de un montante de aproximadamente cinco mil instituciones de educación superior, solamente en los Estados Unidos. Y hablamos de un modelo de universidad que se ha implantado de forma muy agresiva en toda América Latina, en el que el número de universidades privadas es muy superior al de las públicas. Por ejemplo, en Colombia la proporción de las casi 300 universidades reconocidas es de 80% privadas y 20% públicas. En Brasil se puede contabilizar un millar largo de universidades privadas y centros de educación superior. En este gra país sudamericano las élites sociales estudian en las universidades públicas y los sectores menos pudientes lo hacen en las privadas, siempre que su esfuerzo familiar y laboral se lo permita. Algo semejante se está produciendo en todo el mundo, ya sea Asia, África, y también en varios países de Europa.
Como antes se indicaba para España, desde 1995 ha crecido de forma espectacular el número de universidades privadas. De las cuatro confesionales antes reseñadas se ha pasado en la actualidad a 34 privadas, mientras que el número de las públicas se mantiene en 50 desde hace ya varios años. Por tanto, de las 84 universidades hoy aprobadas y funcionando en España, son 34 las universidades privadas, que acogen al 16% de los estudiantes universitarios, sobre todo de máster.
¿Dónde se ubican o establecen estas universidades privadas? Madrid, Barcelona y Valencia, grandes ciudades, son el principal foco de atracción para su instalación, y son estas ciudades las que acogen al 70% de los estudiantes de las universidades privadas. Pero también hay que mencionar su presencia en otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Murcia, Canarias, Pis Vasco y Castilla y León (aquí son cinco las universidades privadas que pueden ser contabilizadas). Como un llamativo indicador del asunto que ahora nos ocupa, mencionemos el caso de Extremadura. En esta región, de carecer de ninguna universidad privada al día de hoy, en octubre de 2024 se avanza la instalación de nada menos que cuatro universidades privadas, bajo el patrocinio y beneplácito del partido conservador ahora gobernando la región.
Son varios los factores que concurren en la eclosión de este denominado boom de las universidades privadas en España, siguiendo la estela del modelo anglosajón, que también va socavando poco a poco en toda Europa los pilares del modelo de universidad europea de tipología pública.
El punto de partida emerge en la legislación permisiva que facilita su instalación, con criterios a veces muy laxos sobre lo que debe ser una universidad. A partir de ahí conviene recordar la apuesta que el liberalismo capitalista hace con el lema de “menos Estado y más sociedad”, dando paso a la competencia ultraliberal del “sálvese quien pueda”, entronizando como como nuevo dios, becerro de oro e icono al mercado libre. Es una fehaciente expresión del neoliberalismo. Lo que significa en este asunto ir poco a poco detrayendo peso, protagonismo y financiación a las universidades públicas, para facilitar que la iniciativa privada vaya ocupando espacios y presencia competitiva de forma paulatina. El caso de la Comunidad Autónoma de Madrid resulta ahora paradigmático de lo que comentamos, pues mientras las universidades públicas están ahogadas por falta de adecuada financiación, continúan apareciendo y floreciendo en la Comunidad de Madrid nuevas y más universidades privadas.
Es cierto que ahora la reciente Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) de 22 de marzo de 2023 establece nuevos criterios, y de más peso, para que una universidad pueda ser aprobada como de nueva creación, o que otras ya existentes deban cumplir requisitos más aigentes para verse acreditadas. Tendremos que esperar para comprobar sus efectos. Pero no es menos cierto que las competencias plenas de que gozan en España las Comunidades Autónomas en materia de universidades explican las notorias diferencias existentes de unas a otras en materia de gestión y apoyo a las universidades privadas.
La tipología de las universidades privadas es diferente entre sí. A las tradicionales de la Iglesia hay que añadir otras recientes, católicas confesionales, ubicadas en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Sevilla, Avila, entre otras. Pero conviene no olvidar que éstas, y otras estrictamente mercantiles, ponen la cuenta de resultados como principio operativo principal. Van a ganar dinero, y lo logran. ¿Cómo? A veces vendiendo humo, con publicidad engañosa, abaratando costes de gestión, concediendo muy bajos salarios en general a un profesorado joven dispuesto a salir adelante al precio que sea, incorporando viejas glorias de profesores jubilados en una especie de “cementerio de elefantes”, implantando modelos de universidad telemática, de manera total o en proporción elevada. El capital inversor ha detectado un importante nicho de negocio para atender una población estudiantil que no ha podido acceder a las universidades públicas, porque queda más a mano en una ciudad y evita desplazamientos, porque recibe el apoyo de instituciones locales como Diputaciones o Ayuntamientos, además de las regionales, porque los criterios y exigencias de evaluación son en general menos exigentes.
Por otra parte, estas universidades privadas apenas si favorecen la investigación científica de sus agentes académicos, y ofrecen un perfil estrictamente funcionalista y tecnológico para sus estudiantes, obviando enseñanzas de orientación humanista y de ciencia básica, y proyectándose hacia una oferta de másters con atractivas y sugerentes denominaciones, y fácil encuadramiento en las empresas de su ámbito de negocio.
Asistimos a un nuevo mapa universitario que se erige como reto permanente para las autoridades y para los ciudadanos españoles, con una oferta de estudios muy amplia y diferenciada, que nos invita a informarnos, a seleccionar y a discriminar ofertas de universidad, porque no todo vale para la adecuada formación de un joven y su posterior incorporación al mundo laboral como elemento cualificado.